JUECES ELECTORALES REALIZAN CONVERSATORIOS SOBRE “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO”

Como parte del convenio suscrito entre el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el proyecto “Apoyo al Ciclo Electoral en el Ecuador”, con el objetivo de fortalecer el proceso electoral y democrático del país, se planificó  conversatorios que informen a la ciudadanía y organizaciones políticas  sobre “La Violencia Política de Género”.

Bajo este contexto, los Magistrados del TCE socializan temáticas con aspectos como: Las Reformas al Código de la Democracia, ¿Qué es la Violencia Política de Género? Las causales y el procedimiento a seguir en el proceso de juzgamiento de la violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral; multas y sanciones para esta infracción electoral considerada muy grave, entre otros; para ello visitan las provincias: Chimborazo, Cotopaxi y Sucumbíos este 9 de diciembre.

La violencia contra la mujer es un problema latente en el mundo y se extiende a otros niveles de la sociedad a los espacios políticos, generando la llamada “violencia política de género”, violencia que impide el ejercicio de las mujeres, candidatas, electas o en funciones a cargos públicos, restringiendo su participación y accionar en la vida política de un país.

Las prácticas y acciones violentas se manifiestan particularmente en los procesos internos de los partidos políticos para la selección de las candidaturas a los cargos de representación popular y al participar en las contiendas electorales. Mediante prácticas y omisiones que constituyen violencia política se afectan los derechos políticos de las mujeres para ser electas, impactando negativamente en su trayectoria y en su carrera política; el ámbito familiar y comunitario no está exento de formas de violencia a causa de la participación en los espacios partidarios.

La realidad de las mujeres aún tiene muchos desafíos, pero con el Código de la Democracia la violencia política de género se clasifica como una infracción electoral muy grave, acciones encaminadas al respeto de los derechos políticos de las mujeres y que se sanciona con multa de 21 a 70 SBU y/o destitución o suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años.