“UN JALÓN DE OREJAS AL CPCCS” DE COTOPAXI, PREFECTA TIBÁN ANUNCIA IMPUGNACIÓN A COMITÉ DE VEEDURÍA VIAL (VIDEO)

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, reaccionó con firmeza tras conocer la notificación emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Cotopaxi, mediante la cual se informa la calificación y acreditación de los miembros del denominado “Comité de Usuarios del Servicio Público de Vialidad Rural que provee el GAD de la Provincia de Cotopaxi”.

En una rueda de prensa, Tibán expresó sus serios reparos y calificó el proceso como un “Jalón de orejas al CPCCS de Cotopaxi”, al considerar que varios de los integrantes del comité no cumplirían con los requisitos éticos y legales para ejercer funciones de veeduría ciudadana.

La Prefecta fue enfática al señalar que impugnará la conformación del comité, argumentando que más de uno de sus miembros estaría inmerso en las inhabilidades establecidas en el artículo 10 del Instructivo para Comités de Usuarios de Servicios Públicos, específicamente en los literales:

• c) Ser dirigente de un partido o movimiento político.

• d) Ejercer actividades proselitistas relacionadas con el objeto y naturaleza del comité.

“Para ser veedor se necesita calidad moral, no intereses políticos”, sostuvo Tibán, al advertir que la veeduría no puede convertirse en una plataforma de proselitismo ni en un instrumento de persecución.

En ese contexto, recordó que Gisella Molina, quien figura como coordinadora del comité, ha presentado tres acciones judiciales en su contra:

1.- Una demanda por un millón de dólares, relacionada con la urbanización Tahuantinsuyo de Pujilí.

2.- Un proceso por supuesto odio racial.

3.- Un tercer juicio que fue archivado por el Tribunal Contencioso Electoral por falta de pruebas.

“Yo no me opongo a una veeduría”, aclaró la Prefecta, “creen que el CPCCS puede caer en esta  cochinada”, expresó, en alusión a lo que considera una manipulación política del mecanismo de control ciudadano.

Finalmente, Tibán hizo un llamado directo a organizaciones sociales y territoriales como el MICC, organizaciones de segundo grado, comunidades, barrios, juntas parroquiales y CONAGOPARE, para que conformen una comisión verdaderamente representativa y honesta, que contribuya a fiscalizar y combatir la corrupción.

“No estoy diciendo que no vengan, pero que venga gente honesta, no sinvergüenzas que quieren hacer proselitismo político”, sentenció.

La controversia abre un nuevo capítulo de tensión entre la Prefectura de Cotopaxi y ahora con el CPCCS provincial, poniendo en el centro del debate la credibilidad, imparcialidad y ética de los procesos de control social en la provincia, en especial con parte de los miembros del naciente Comité de Usuarios .