TRIBUNAL DEL GUAYAS DICTA SENTENCIA EN EL CASO MALVINAS POR LA DESAPARICIÓN FORZADA Y MUERTE DE CUATRO MENORES

En un fallo que marca un precedente histórico en la lucha contra la impunidad, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, con sede en Guayaquil, reinstaló la mañana de este lunes 22 de diciembre la audiencia de juzgamiento del denominado caso Malvinas y anunció su resolución sobre la situación jurídica de 17 militares procesados por el delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad.

Tras 15 sesiones de juicio desarrolladas desde el 5 de noviembre de 2025, a lo largo de casi siete semanas, los magistrados concluyeron que la Fiscalía General del Estado probó más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de 16 militares, en calidad de autores directos, por la desaparición forzada de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, niños y adolescentes de entre 11 y 15 años.

Los hechos se remontan a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los menores fueron detenidos en el sur de Guayaquil por una patrulla conformada por 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Según los testimonios, chats y un video incorporado como prueba, las víctimas fueron trasladadas a un sector aislado en las afueras de Taura, cantón Naranjal, donde fueron sometidas a insultos, golpes y a la simulación de una ejecución extrajudicial mediante un disparo.

Días después, el 24 de diciembre de 2024, los restos calcinados de los menores fueron hallados entre manglares, en un lugar de difícil acceso, a 11 kilómetros al sur de Taura, confirmando la magnitud del crimen que conmocionó al país.

El tribunal impuso penas diferenciadas:

30 meses de privación de libertad para los denominados operadores eficaces.

34 años y 8 meses de prisión para el resto de los sentenciados, al concurrir las agravantes previstas en el artículo 47, numerales 5, 7 y 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Adicionalmente, se ordenó el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados, equivalente a USD 376.000, y una reparación integral que incluye el pago de USD 10.000 por cada procesado a favor de cada una de las víctimas o sus familiares.

En contraste, el tribunal ratificó el estado de inocencia del teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como presunto cómplice, al no haberse demostrado su responsabilidad penal, y dispuso el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares reales y personales en su contra.

La sentencia escrita será notificada en los próximos días, abriendo paso a la interposición de los recursos legales correspondientes, mientras el país observa uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos juzgados en la historia reciente del Ecuador.