SEGURO CONTRATADO POR LA PREFECTURA, HIZO ENTREGA DE 40 MIL DÓLARES A FAMILIA QUE FUE OBJETO DE FATAL ACCIDENTE

La noche del 28 de noviembre de 2024 quedó marcada por la tragedia en la vía Locoa–Palopo, en el cantón Latacunga, tras un grave accidente de tránsito que involucró a una camioneta doble cabina de propiedad de la Prefectura de Cotopaxi y una motocicleta en la que se movilizaba una familia.

El siniestro dejó como saldo una persona fallecida esposa de Francisco Chuqui, padre de familia y conductor de la motocicleta, gravemente herido, con lesiones de extrema consideración. Como consecuencia de esta tragedia, tres niños quedaron en la orfandad, enfrentando junto a su familia una dura realidad marcada por el dolor, la incertidumbre y la precariedad económica.

Desde aquel fatídico día, los familiares han atravesado serias dificultades para cubrir los gastos médicos, las terapias de recuperación y la manutención de los menores, mientras, paralelamente, se desarrolla otro drama: la falta de una sentencia judicial. A más de dos años tres meses del accidente, el juez competente aún no ha emitido una resolución ni sanción contra el presunto responsable, generando indignación y reclamos de justicia.

Ante esta situación, Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, asumió un rol activo para respaldar a la familia afectada y gestionar una compensación económica, activando los trámites correspondientes para hacer efectivo el seguro de vida institucional contratado por la Prefectura.

Hace aproximadamente 15 días, el juzgado resolvió posesionar legalmente a María Nicolasa Chuqui Molina como representante, quien la tarde de este lunes 9 de febrero acudió a las instalaciones de la Prefectura y recibió un cheque por 40.000 dólares, monto entregado por la aseguradora y que cubre muerte, gastos médicos y discapacidad.

Durante el acto, la prefecta exhortó públicamente al sistema judicial a que se determine, sin más dilaciones, la sanción correspondiente al conductor involucrado. Según el testimonio de María Chuqui, hasta la fecha no ha existido ningún acercamiento humano o solidario por parte del responsable, quien habría optado por manejar toda la situación únicamente a través de su defensa legal.

Adicionalmente, se informó que también se hizo efectivo el pago del Servicio Público para Pagos de Accidentes de Tránsito (SPPAT), que cubrió un monto de 5.000 dólares, contribuyendo parcialmente a aliviar la carga económica de la familia.

Mientras la compensación representa un alivio temporal, la familia Chuqui insiste en que el verdadero cierre solo llegará con justicia, una justicia que, hasta ahora, sigue pendiente.