GRACIAS A QUIENES SE PRONUNCIARON. Por: Mauricio Molina Quintero

En diciembre de 2025 se desató una profunda crisis en el sistema de justicia del Ecuador, cuyos efectos se han venido agudizando hasta desembocar en un escenario crítico para la institucionalidad judicial del país. Esta situación ha motivado que distintas instituciones, prestigiosos colegios de abogados, organizaciones jurídicas y profesionales del Derecho, reconocidos por su trayectoria y solvencia ética, alcen su voz para exigir la salida y la renuncia irrevocable del presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Mario Godoy.

Para muchos, este pronunciamiento colectivo resultó sorpresivo; para otros, implicó abandonar la comodidad del silencio o la neutralidad. Sin embargo, mientras algunos optaron por permanecer quietos, el país continúa padeciendo las consecuencias de un sistema judicial debilitado, marcado por desavenencias, falta de credibilidad y un evidente desgaste institucional. Considero que este es el momento en el que los juristas debemos asumir una posición clara, responsable y comprometida, y trabajar juntos por levantar la institucionalidad y, sobre todo, por recuperar la confianza ciudadana, hoy seriamente deteriorada.

Expreso un agradecimiento profundo a quienes se pronunciaron de manera pública, así como a quienes, desde una posición personal o individual, fijaron postura frente a la gestión del presidente del Consejo de la Judicatura. Mi reconocimiento también para quienes, aun sin hacerlo de forma pública, brindaron su respaldo mediante mensajes de aliento y apoyo, sumándose a esta legítima indignación nacional frente al manoseo judicial que se ha venido evidenciando en los últimos tiempos.

Es evidente que el proceso de censura y destitución que se ha desarrollado en la Asamblea Nacional, y que hoy se ha concretado es el resultado de un clamor múltiple: social, profesional y ciudadano, que exigió de manera firme la renuncia de Mario Godoy. Hoy, ese pedido ha sido aceptado.

A partir de ahora, el camino será sin duda crítico. En este contexto, la Corte Nacional de Justicia asume un rol fundamental en el proceso de designación del nuevo titular del órgano de gobierno de la Función Judicial. De su actuación dependerá, en gran medida, que se trace una ruta seria, responsable y honesta, capaz de devolverle al sistema judicial el rumbo que el país necesita.

Recuperar la credibilidad, restituir la confianza ciudadana y garantizar seguridad jurídica no son solo imperativos institucionales, sino condiciones indispensables para que el Ecuador vuelva a proyectarse como un país confiable y atractivo para la inversión y el desarrollo futuro.

Con afecto,

Mauricio Molina Quinteros