ASAMBLEÍSTA ANA HERRERA Y SU REACCIÓN TRAS APROBACIÓN DE LEY QUE REGULA EL GASTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES (VIDEO)

A pocas horas de la aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el debate político se intensificó en el país y especialmente en la provincia de Cotopaxi, donde surgieron voces críticas sobre el alcance de la normativa.

La asambleísta por Cotopaxi, Ana Herrera, representante de Revolución Ciudadana, cuestionó la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional del Ecuador, donde obtuvo 77 votos a favor y 71 en contra. Según la legisladora, se trata de una votación “muy ajustada y con contradicciones”, y calificó la normativa como una ley “licuada” que, a su criterio, podría afectar especialmente a los gobiernos autónomos descentralizados más pequeños del país.

Herrera sostuvo que el desarrollo territorial no debe medirse únicamente por obras de infraestructura, sino también por la inversión social, la cual advirtió, podría verse limitada con la aplicación de la nueva normativa. Además, anticipó que la ley tendría posibles vicios de inconstitucionalidad.

En ese contexto, anunció que la bancada de Revolución Ciudadana analiza presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la justicia, argumentando que ya existe una regla que establece la distribución del 70% para inversión y 30% para gasto corriente respecto a los recursos transferidos por el gobierno central a los distintos niveles de gobierno.

La diferencia, explicó la asambleísta, radica en que con la nueva ley ese porcentaje también se aplicaría a los ingresos propios que administran los gobiernos locales, lo que según señaló podría limitar su capacidad de gestión.

Finalmente, Herrera hizo un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a integrarse al debate público y vigilar la aplicación de la norma. Asimismo, advirtió que incluso los gobiernos parroquiales, que inicialmente se considerarían al margen de la medida, también podrían verse afectados en la práctica.
La aprobación de esta ley abre un nuevo frente político y jurídico en el país, mientras los gobiernos locales analizan cómo impactará en sus presupuestos y proyectos en marcha.

Cabe señalar que se exige que los GAD publiquen trimestralmente la composición de su gasto, elaboren un informe técnico obligatorio y cumplan la regla de manera gradual: 65% en 2026, 68% en 2027 y 70% desde 2028.