CNE ELIMINA A UNIDAD POPULAR Y CONSTRUYE, IMPEDIDOS DE PARTICIPACIÓN ELECCIONES 2026
Desde las 09h00 de este domingo 26 de abril de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral se instaló de forma telemática, en medio de un ambiente de tensión y advertencias jurídicas. La convocatoria fue firmada por la presidenta Diana Atamaint, con la participación de los consejeros Elena Nájera, José Cabrera y José Merino. No estuvieron presentes Enrique Pita (vicepresidente), por problemas de conectividad, ni Estela Acero, por licencia de lactancia.
Antes de instalar la sesión, la consejera Nájera alertó sobre una recusación ingresada en contra de la presidenta Atamaint y del consejero Merino, a través del sistema Zimba. El documento, firmado por Geovanni Atarihuana, director nacional del movimiento Unidad Popular, fue elaborado el 25 de abril y recibido oficialmente la mañana de este domingo a las 06h33.
Nájera insistió en varias ocasiones que no se podía instalar la sesión, advirtiendo que la participación de una autoridad recusada podría generar la nulidad de todo lo actuado. Pese a ello, la sesión se instaló y continuó con normalidad.
Tras el análisis jurídico y las intervenciones del Pleno, el CNE resolvió cancelar la personería jurídica de los movimientos políticos Unidad Popular y Construye, en una jornada marcada por cuestionamientos.
En el caso de Unidad Popular, la decisión se definió con el voto dirimente de la presidenta Atamaint, tras un empate en la votación y para el Movimiento Construye, la cancelación se aprobó con mayoría.
El organismo electoral argumentó que ambas organizaciones incumplieron requisitos legales, como no alcanzar el número mínimo de afiliados exigido.
Sectores políticos han advertido posibles irregularidades, señalando que el proceso podría haber superado los plazos establecidos en la normativa electoral, lo que abriría la puerta a impugnaciones.
La resolución deberá ser revisada por el Tribunal Contencioso Electoral, que tendrá la última palabra sobre su validez.
De confirmarse la decisión, ambos movimientos quedarían fuera del registro electoral, impidiéndoles participar en las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.
La polémica queda abierta tras una sesión cuestionada desde su inicio podría definir el futuro político de dos organizaciones en el país.
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