FISCALÍA GENERAL ENCARGADO RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE PERSECUCIÓN POLÍTICA Y DEFIENDE PRUEBAS EN CASOS TRIPLE A Y GOLEADA

Fiscal general encargado: “Nadie puede hablar de persecución política cuando existen pruebas ante los jueces” — Alarcón explica la pena solicitada en el Triple A, la vinculación de familiares en el caso Goleada y el compromiso de celeridad en el caso Lizeth Bunshi

En una entrevista con Ecuador TV, el doctor Leonardo Alarcón respondió los principales cuestionamientos sobre los casos de alto impacto y reafirmó la independencia institucional de la Fiscalía

El fiscal general del Estado encargado, doctor Leonardo Alarcón, concedió una entrevista este 3 de agosto de 2026 al programa Noticias Siete de Ecuador TV, conducido por María Mercedes Cuesta, en la que respondió los cuestionamientos sobre los casos de mayor impacto bajo su gestión y reafirmó el compromiso de la Fiscalía con la objetividad institucional.

Caso Triple A: pena de 6 años y 9 meses con agravantes

El fiscal general encargado, doctor Leonardo Alarcón, confirmó que los alegatos finales del Caso Triple A concluyeron el 2 de agosto de 2026 tras más de doce horas de audiencia. La fiscal del caso solicitó al tribunal una pena de 6 años y 9 meses de privación de libertad para el procesado principal, Aquiles A. por encima del rango base del delito investigado. Alarcón explicó que la diferencia obedece a la existencia de circunstancias agravantes acreditadas dentro del proceso.

“El acervo probatorio es completamente contundente y fáctico”, afirmó Alarcón. Destacó que el caso superó todos los filtros judiciales establecidos por el sistema procesal penal — incluyendo la etapa preparatoria de juicio y el llamamiento a juicio por parte de un juez garantista — lo que, en su criterio, descarta cualquier lectura política del proceso. “¿De qué persecución política estamos hablando si ya está en los tribunales penales?”, señaló el fiscal.

La ausencia de la denunciante no afecta el proceso

Ante la pregunta sobre la incomparecencia de Nicole Bermúdez, denunciante original del caso, el fiscal general encargado fue categórico: “No existe duda alguna en el proceso”. Alarcón aclaró un punto que, según indicó, ha sido tergiversado en la cobertura mediática: quien solicitó la comparecencia de Bermúdez como testigo fue la defensa, no la Fiscalía.

“Cualquier persona puede poner una denuncia. El titular de la acción penal pública es la Fiscalía General del Estado”, explicó. Añadió que si una denunciante se retira, eso no impide que la Fiscalía continúe investigando el delito. Subrayó que la institución llevó ante el tribunal todos sus testigos, peritos y pruebas documentales, y que la responsabilidad de presentar a sus propios testigos corresponde a cada sujeto procesal, no a la Fiscalía.

Caso Goleada: hoy se instala la audiencia preparatoria de juicio

Respecto a la vinculación de la esposa y la madre del procesado principal en el Caso Goleada, Alarcón explicó que se trata de una investigación por lavado de activos: el dinero presuntamente generado por la comercialización ilegal de hidrocarburos habría sido inyectado en empresas fachada constituidas a nombre de esos familiares. “Esto no es político. Es un presunto delito que se está investigando”, afirmó.

El fiscal confirmó que existen pericias, documentos y versiones que sustentan la vinculación, y que ese día se instala la audiencia preparatoria de juicio del Caso Goleada. Frente a la pregunta de si la Fiscalía actúa como juez y parte al denunciar a los jueces que revocaron la prisión preventiva, Alarcón respondió que su obligación fue poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura un informe sobre una posible falta de independencia judicial, y que fue ese organismo —no la Fiscalía— quien tomó la decisión de suspenderlos. “Mi labor es darles los insumos al Consejo. Quien decide es el Consejo”, precisó.

Cinco alcaldes procesados: expedientes reactivados, no persecución política

Ante la pregunta sobre la concentración de causas penales contra autoridades locales y figuras de oposición, el fiscal general encargado rechazó la caracterización de persecución política. Indicó que al asumir el cargo encontró expedientes dormidos con irregularidades en distintos GAD y que instruyó a los fiscales provinciales a actuar. Los casos activos incluyen los alcaldes de Esmeraldas, Pujilí, Jipijapa y Machala, además del caso del exalcalde de Camilo Ponce Enríquez.

“Ningún señor agente fiscal se va a prestar para procesar a una persona sin tener los elementos de convicción necesarios”, afirmó, y agregó que tampoco ningún juez garantista dicta prisión preventiva sin elementos suficientes. Señaló que la Fiscalía actúa en coordinación con la Policía Nacional, la UAFE y el SRI, y que su criterio es uniforme: “Todos tienen el mismo trato, sean prefectos, concejales o ministros”.

Caso Lizeth Bunshi: investigación previa activa y compromiso de celeridad

El fiscal general encargado se refirió también al caso de Lizeth Bunshi, desaparecida en Quito hace quince días, cuya familia solicita que la investigación avance hacia la figura de femicidio. Alarcón informó que el caso se encuentra en investigación previa y que no puede adelantar información por la reserva de la instrucción.

“La Fiscalía actuará y les daremos respuestas oportunas en corto tiempo”, declaró, dirigiéndose a los familiares de la víctima. Confirmó que la Fiscalía actúa bajo el principio de celeridad y que la Policía Nacional trabaja de forma coordinada en el caso para llegar a la verdad de los hechos.

Posición institucional

A lo largo de la entrevista, el fiscal general encargado reiteró que la Fiscalía no actúa por coyuntura política ni electoral. Subrayó que mientras se encuentre en el cargo procederá “de manera objetiva y sin miramiento alguno” frente a cualquier persona, independientemente de su cargo o filiación política.