“EL FUTURO POLÍTICO Y JUDICIAL DEL ALCALDE DE PUJILÍ, JOSÉ ARROYO, QUEDA EN MANOS DE LA JUSTICIA”. SEÑALA RAÚL ARROYO (Video)

A pocos días de cumplirse un año de la detención del alcalde de Pujilí, José Arroyo, su situación judicial vuelve a generar expectativa en el cantón.

El burgomaestre fue detenido el 7 de agosto de 2025, dentro de una investigación por el presunto delito de peculado, y dos días después, el 9 de agosto, un juez dispuso prisión preventiva durante la audiencia de formulación de cargos.

La medida cautelar está próxima a cumplir un año, por lo que la atención se concentra ahora en las decisiones que adopten las autoridades judiciales respecto al futuro del proceso y de la situación de Arroyo.

El alcalde subrogante de Pujilí, Raúl Arroyo, señaló que el proceso se encuentra en manos de la Fiscalía y de los jueces competentes, por lo que serán estas autoridades las que determinen la situación jurídica del alcalde suspendido y un eventual retorno al cargo.

Raúl Arroyo explicó que el Municipio, a través de la Procuraduría Síndica, participa en el proceso con el objetivo de precautelar los intereses institucionales y garantizar el debido proceso, tanto en relación con la autoridad involucrada como con las denuncias que forman parte de la causa.

El alcalde subrogante manifestó además que, aunque no es especialista en materia jurídica, entiende que cualquier decisión sobre la suspensión o eventual reincorporación de José Arroyo dependerá de las resoluciones que emitan las autoridades judiciales.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es el eventual vencimiento de la prisión preventiva. Sin embargo, el cumplimiento del plazo de esta medida cautelar no significa que el proceso penal termine ni que el investigado sea declarado inocente.

La causa continuará mientras la justicia determina las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con el principio constitucional de presunción de inocencia, una persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada que establezca lo contrario.

En este contexto, la prisión preventiva constituye una medida cautelar dentro del proceso penal y no una declaración de culpabilidad.

Si la medida vence y no existe una resolución judicial que disponga legalmente otra medida cautelar, José Arroyo podría recuperar su libertad mientras el proceso continúa.

El vencimiento de la prisión preventiva tampoco implica automáticamente la pérdida del cargo de alcalde, su eventual reincorporación dependerá de la situación jurídica y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Si no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada que produzca efectos sobre sus derechos políticos, o alguna otra disposición legal que le impida ejercer sus funciones, podría plantearse un eventual retorno a la Alcaldía.

Por ahora, el Municipio de Pujilí continúa bajo la administración del alcalde subrogante Raúl Arroyo, mientras la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales avanzan en un proceso que mantiene en expectativa a la ciudadanía.

El 9 de agosto de 2026 marcará una fecha clave en el calendario de este caso, pero será la justicia la que finalmente determine el rumbo judicial y, eventualmente, político de José Arroyo.