“NO VAMOS A PERMITIR DESPIDOS”: TIBÁN ENFRENTA EL 70-30 Y DEFIENDE A LOS OBREROS DE LA PREFECTURA DE COTOPAXI (Video)

La aplicación progresiva de la denominada regla 70-30, establecida mediante reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), genera preocupación entre los trabajadores de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país.

Ante este escenario, la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, realizó un pronunciamiento público en el que se comprometió a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de la institución, particularmente de los obreros.

Tibán fue enfática al señalar que en la Prefectura de Cotopaxi no se permitirán despidos ni jubilaciones anticipadas como mecanismo para afrontar las nuevas exigencias presupuestarias.

El pronunciamiento toma especial relevancia luego de que la Prefectura de Pichincha anunciara la eliminación de 125 puestos de trabajo, entre funcionarios, servidores y obreros, en el marco de su proceso de reestructuración.

La reforma al COOTAD establece una transición para que los GAD incrementen progresivamente la proporción de sus recursos destinados al gasto no permanente, principalmente inversión, obras, infraestructura y mantenimiento, mientras reducen el peso del gasto corriente, que incluye remuneraciones y funcionamiento administrativo.

Para 2026, la verificación contempla al menos un 65 % de gasto no permanente desde el 1 de junio; para 2027 se prevé llegar al 68 %, mientras que el 70 % se aplicaría desde 2028.

Frente a esta obligación, la Prefectura de Cotopaxi busca una alternativa que permita cumplir con la normativa sin afectar las fuentes de empleo.

Tibán explicó que la estrategia consiste en estructurar un proyecto vial provincial que permita articular recursos destinados actualmente a combustible, maquinaria, repuestos, viáticos y remuneraciones vinculadas a las actividades operativas.

La propuesta busca que estos componentes formen parte de una planificación de inversión vial para toda la provincia, con el objetivo de transformar el gasto operativo en un proyecto de intervención territorial y, al mismo tiempo, proteger los puestos de trabajo.

“Ningún obrero será despedido”, sería el compromiso central de la prefecta frente a los trabajadores de la institución.

Con esta posición, la administración provincial pretende diferenciarse de otros GAD que han optado por reducir personal para enfrentar las nuevas reglas presupuestarias y plantea como desafío demostrar que es posible cumplir el 70-30 sin sacrificar la estabilidad laboral.

El debate queda abierto: mientras los GAD deben ajustar progresivamente sus presupuestos a la nueva normativa, las autoridades provinciales deberán encontrar mecanismos que permitan aumentar la inversión pública sin convertir el cumplimiento fiscal en una ola de despidos.