FISCAL GENERAL DEL ESTADO ENCARGADO, SOLICITA PRISIÓN PREVENTIVA PARA 10 PERSONAS VINCULADAS POR PRESUNTO PECULADO EN CASO PROGEN

El Fiscal General del Estado encargado, el Dr. Leonardo Alarcón, presentó ante el juez competente la relación circunstanciada de hechos en la audiencia de vinculación del denominado Caso Progen, proceso que investiga el presunto delito de peculado en la contratación de generación eléctrica de emergencia suscrita entre la Empresa Pública Estratégica CELEC EP y la empresa estadounidense Progen Industries LLC, representada por Andrew Scott Williamson y Karla Saud Calero. El perjuicio documentado al Estado ecuatoriano asciende a USD 104,37 millones, correspondientes al 70 % del valor total de los dos contratos de emergencia, transferidos sin que los generadores comprometidos entraran en funcionamiento.

Los dos contratos de emergencia: USD 149,1 millones en generadores que no funcionan

En el marco de la crisis energética que atravesó el Ecuador en 2024, la Unidad de Negocios Termopichincha de CELEC EP suscribió el 2 de agosto de 2024 dos contratos de emergencia con Progen Industries LLC:

Los USD 104,37 millones fueron transferidos a la cuenta N° 0354557917 del banco Regions Bank de Estados Unidos, a nombre de Progen Industries LLC, sin que se verificara técnicamente el cumplimiento del primer hito contractual y sin contar con las garantías suficientes. Los generadores, que debían entrar en operación en noviembre de 2024 para mitigar la crisis energética, no funcionan hasta la fecha.

El esquema: irregularidades desde la fase precontractual hasta los pagos

La Fiscalía documentó un patrón de irregularidades que abarcó todas las etapas del proceso contractual:

Fase precontractual irregular: las manifestaciones de interés a proveedores se enviaron sin que existiera la declaratoria formal de emergencia emitida por la máxima autoridad de CELEC EP, requisito exigido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se presionó a la Comisión Técnica de Mercado para retirar observaciones sobre las proformas.

Oferta adjudicada sin cumplir especificaciones técnicas: Progen no demostró ser fabricante original de los motores EMD ni contó con la autorización del fabricante genuino. La comisión recomendó su adjudicación pese a esas inconsistencias.

Prórrogas sin sustento documental: se concedieron prórrogas de 35 días adicionales al contrato de Quevedo alegando los huracanes Helene y Milton, sin la documentación que sustente la solicitud ni el nexo causal requerido por el Reglamento de Contratación Pública.

Contrato complementario ilegal: el Contrato Complementario TPI-CON-0001-25 se suscribió el 11 de enero de 2025, es decir, 32 días después del fenecimiento del plazo del contrato principal. A través de él se modificaron cláusulas de pago, multas y plazos en beneficio de Progen.

Verificación técnica deficiente: funcionarios que viajaron a Estados Unidos para inspeccionar los generadores reportaron equipos oxidados y que no cumplían las especificaciones. Aun así, se aprobó el pago del 70%. Algunos generadores inspeccionados tenían fecha de fabricación 2009, cuando el contrato exigía equipos nuevos fabricados en 2023 o posterior.

Subcontratación no autorizada y facturas irregulares: Progen transfirió valores a la empresa Astrobryxa S.A. — de propiedad de José Manrique y Karla Saud — para subcontratar obras civiles de Salitral y Quevedo. Esta subcontratación no constaba en los contratos originales. Las facturas de protocolización de los contratos se emitieron a nombre de Astrobryxa, no de Progen.

Los 10 nuevos procesados y su rol en el esquema

La Fiscalía identificó el rol específico de cada uno de los 10 funcionarios vinculados en esta audiencia:

La Fiscalía calificó las conductas descritas como propias del delito de peculado — malversación de fondos públicos — tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. El perjuicio documentado es de USD 104.370.000, correspondientes a las transferencias del 70% de los contratos Salitral y Quevedo realizadas a favor de Progen Industries LLC sin el cumplimiento real del primer hito contractual.

El daño al Estado no es solo económico. Los generadores contratados debían entrar en operación en noviembre de 2024 para contribuir a superar la crisis energética que provocó apagones en todo el Ecuador. Al no funcionar, el país pagó USD 104,37 millones por una capacidad de generación que nunca llegó, agravando el déficit energético en el momento más crítico.

La Fiscalía General del Estado representada por el Dr. Leonardo Alarcón actuó en este proceso con absoluta objetividad y pleno apego a las normas legales vigentes. La instrucción fiscal ha contado con la colaboración de la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). El proceso se encuentra en la etapa correspondiente y la Fiscalía no descarta la vinculación de más personas si los elementos de convicción así lo determinan.