TCE SANCIONA A GUILLERMO CHURUCHUMBI Y RESPONSABLE ECONÓMICO DE PACHAKUTIK POR CUENTAS DE CAMPAÑA
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó en primera instancia al coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, y al responsable del manejo económico de la organización política, Carlos Sánchez Villagrán, por una infracción relacionada con la presentación y subsanación de las cuentas de campaña del Referéndum y Consulta Popular de 2024.
La resolución, emitida este 21 de septiembre de 2026 por el juez electoral Ángel Torres, establece para cada uno una multa de 25 salarios básicos unificados, equivalente a USD 12.050. El pago deberá efectuarse en un plazo de 60 días una vez que la sentencia quede ejecutoriada.
El proceso se originó en una denuncia presentada por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, quien cuestionó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas de la campaña por el “No” en la consulta popular y referéndum de 2024.
Entre las observaciones analizadas constan la presentación fuera del plazo legal de los informes financieros y la falta de subsanación de observaciones, además de cuestionamientos relacionados con la documentación que debía respaldar el manejo económico de la campaña.
Durante el proceso, la defensa de Churuchumbi sostuvo que Pachakutik sí presentó el expediente de cuentas y argumentó que las pruebas no demostraban que el coordinador nacional hubiera elaborado, administrado, custodiado o presentado directamente la información cuestionada. Por su parte, el organismo electoral sostuvo que su condición de representante legal de la organización política implicaba responsabilidad solidaria.
El fallo no es definitivo. Al tratarse de una decisión de primera instancia, Churuchumbi y los demás involucrados pueden presentar los recursos establecidos en la normativa electoral. El caso deberá continuar su trámite antes de que la resolución quede ejecutoriada.
La decisión se produce en un momento de especial atención para Pachakutik, debido a la participación del movimiento en el proceso electoral de 2026 y a las candidaturas que mantiene para los comicios seccionales.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones políticas, particularmente respecto al manejo de los recursos utilizados durante las campañas electorales.
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