CORTES DE JUSTICIA DEL PAÍS DEFIENDEN MODELO DE GESTIÓN Y RESPALDAN AL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CORTES DE JUSTICIA DEL PAÍS DEFIENDEN MODELO DE GESTIÓN Y RESPALDAN AL CONSEJO DE LA JUDICATURA

A través de un manifiesto, los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia del país apoyan el trabajo del Consejo de la Judicatura (CJ) en la transformación de la administración de justicia.

Este 19 de agosto, una comisión de los titulares de las Cortes de Justicia visitó al Pleno del CJ y expresó su respaldo a la labor que realiza la institución.

Los Presidentes de los organismos provinciales defienden la independencia de los jueces que provienen de concursos públicos de méritos y oposición, lo que garantiza un trabajo transparente en cada uno de los procesos.

También respaldan el modelo de gestión implementado por el Consejo de la Judicatura, consideran que está de acuerdo a lo que dispone la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Asimismo, reconocen la gestión administrativa de la Judicatura en la incorporación de jueces y en la creación de unidades judiciales, lo que ha sido reconocido en el país y en el extranjero.

Julio Aguayo, principal de la Corte de Justicia de Guayas, señaló que este manifiesto respalda a la Judicatura frente a los ataques que buscan desestabilizar la administración de justicia con el fin de volver  al pasado.

Defendió el modelo de gestión con que operan las unidades judiciales y señaló que este no atenta contra los abogados o usuarios sino que busca darle una lógica al servicio de justicia.

En este marco, destacó la implementación de complejos y unidades judiciales en Guayas, dependencias modernas, con tecnología, pero sobre todo con jueces comprometidos con la ciudadanía. También resaltó la elaboración del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) que promueve la oralidad; la realización de audiencias y la reducción de caducidades de prisión preventiva.

De su parte, Dalia Rodríguez, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, señaló que no solo es un respaldo a la Judicatura sino a la tutela y a la seguridad jurídica de la ciudadanía. Hacia allá está orientado, dijo, el nuevo modelo de gestión que fue un cambio solicitado por la ciudadanía mediante consulta popular. “El único beneficiado es el pueblo ecuatoriano”,  expresó.

Según José López, titular de la Corte de Justicia de Tungurahua, la ciudadanía demanda el derecho a la tutela judicial efectiva, con un modelo de gestión óptimo. “Cuente con los Presidentes y las Cortes Provinciales para lograr que la administración de justicia llegue de manera eficiente y eficaz”, comentó.

El Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, agradeció el apoyo y dijo que esto alienta a la institución porque confirma que avanza en el camino correcto. “No hay ninguna intención de volver al pasado”, señaló.

El doctor Jalkh indicó que a Función Judicial ha dado un salto enorme en transparencia y ética y que se identificaron algunas dependencias judiciales, donde no se está haciendo un buen trabajo por lo que se tomarán las medidas pertinentes.

Finalmente, rechazó los insultos contra los administradores de justicia. “Seguiremos  fortaleciendo los concursos meritocráticos y la carrera judicial de nuestros funcionarios, pero también exigiremos el respeto que se merecen nuestros jueces”, sostuvo.

Sobre caso Manuela Picq y manifestaciones

En el marco de esta reunión, al ser consultado por un periodista sobre si la Judicatura analizará la actuación de la jueza que negó la deportación de la periodista franco brasileña, Manuela Picq, el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, señaló que la administradora de justicia actuó con  convicción jurídica, en Derecho, sin afectar ninguna norma. “¿Por qué habría de someterle a un procedimiento disciplinario? Es un caso estrictamente jurisdiccional, ella ha tomado una decisión en Derecho, fundamentada, motivada, por lo tanto, ¿por qué tendría que tener algún tipo de sanción?”, indicó.

Asimismo, al referirse a las protestas en el país, el doctor Jalkh dijo que vivimos en un Estado de Derecho y  Justicia, donde los ciudadanos, pueden protestar con razón o sin ella, pero lo que no pueden hacer es cometer delitos e infracciones.

Señaló que la Fiscalía deberá identificar responsabilidades y trasladarlas hacia la jurisdicción pertinente, donde bajo el debido proceso se determinará si hay o no responsabilidades de la comisión de un delito.