MINISTERIO DE JUSTICIA APROBÓ REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 1440 Y UNOS 3 MIL PPL PUEDEN BENEFICIARSE

MINISTERIO DE JUSTICIA APROBÓ REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 1440 Y UNOS 3 MIL PPL PUEDEN BENEFICIARSE

El reglamento que facilita la aplicación de los beneficios penitenciarios establecidos en el Decreto Presidencial 1440 fue aprobado este viernes 9 de junio de 2017, por la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado.

En el documento se establece el procedimiento que deberán seguir las personas privadas de libertad (PPL), que puedan beneficiarse con la rebaja de penas o el indulto, establecidos en el Decreto, el último firmado por el expresidente Rafael Correa Delgado.

El Decreto establece la rebaja de 360 días a las PPL sentenciadas por un delito que tenga una pena de máximo cinco años y

hubiesen cumplido el 30% de la condena.

Además, se indulta a las PPL con enfermedades catastróficas en etapa terminal y a las sentenciadas por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que hubiesen intentado sacarlas o ingresarlas del país por puertos, aeropuertos o puntos de frontera, dentro de la mínima o mediana escala, por un delito que tenga una pena de máximo cinco años y hubiesen cumplido el 30% de la condena.

En el Acuerdo Ministerial se determina que deberán entregar la copia certificada de la sentencia; el centro de rehabilitación social deberá remitir el informe jurídico, el certificado de permanencia del privado de libertad y el de conducta. Además, las PPL con enfermedades terminales deberán adjuntar informes médicos originales.

También aclara que la PPL debe registrar el cumplimiento, de al menos, el 30% de la pena hasta el 23 de mayo de 2017, y que a esa fecha estuviese ejecutoriada la sentencia.

Los casos serán atendidos por la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Indultos y Repatriaciones, que deberá emitir un informe y posteriormente entregar el expediente a los CRS para su registro y luego informar al juez de garantías penales.

La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, informó que unas 3.000 personas privadas de libertad podrían beneficiarse del Decreto, pero cada caso será analizado de forma individual para establecer si cumple o no con los requisitos.