CHINA NIEGA COLABORACIÓN PARA CASTIGAR LA CORRUPCIÓN EN ECUADOR

Ecuador ha pedido asistencia penal a China en tres casos de corrupción investigados por la Fiscalía. La nación asiática no ha respondido.

Entre 2010 y 2019, más de USD 22.580 millones llegaron de China a Ecuador como préstamos concedidos por el EximBank y el Banco de Desarrollo, ambas entidades bancarias públicas de la nación asiática.

Esos capitales sirvieron para la construcción de decenas de obras de la autodenominada revolución ciudadana. Resaltan los casos de Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, el ECU-911 y la Plataforma Gubernamental Financiera de Quito.

La concesión de estos créditos estaba condicionada a la contratación de empresas chinas para la construcción de las obras.

Entre las empresas sobresalen los nombres de Sinohydro y China CAMC Engineering. Hoy estas empresas son señaladas por casos de corrupción. Ambas habrían pagado sobornos en Ecuador para concretar su contratación y para desvanecer glosas ante la Contraloría General del Estado.

Sin respuestas

Por la relación de empresas, empresarios y hasta funcionarios chinos en estas tramas, los casos han alcanzado connotaciones transnacionales. Sin embargo, la colaboración de las autoridades chinas para resolver los casos ha sido nula.

Desde que se empezaron a investigar las supuestas irregularidades en estos casos, la Fiscalía ha pedido asistencia a China para tres procesos:

Odebrecht

China CAMC

Sinohydro

Solo en el último caso, la Fiscalía ha hecho 10 insistencias desde julio de 2019. Pero hasta ahora ninguna ha sido respondida.

En este proceso hay un aditamento especial. Uno de los involucrados es Cai Runguo, quien fue embajador de China en Ecuador. Y, posteriormente, se convirtió en representante de Sinohydro, empresa que habría pagado sobornos relacionados con Coca Codo Sinclair.

Diana Salazar, fiscal General, explicó a PRIMICIAS que en estos casos China no ha mostrado ningún interés. Incluso, asegura que no existe ningún canal de comunicación, ya que no ha existido ninguna respuesta.

 Parte de la dificultad, explica la funcionaria, es que la autoridad central en términos de cooperación penal es un ministerio ajeno a la Fiscalía, por lo que no se ha podido generar una relación con su homólogo.

FUENTE : Primicias