DOS AÑOS DESPUÉS DE LA EXPLOSÓN DEL RADAR DE MONTECRISTI, AÚN PERMANECE EN LA BASE AÉREA DE LATACUNGA SIN ENCONTRAR RESPONSABLES.

Casi dos años después de la explosión en el radar de Montecristi, en Manabí, aún no hay responsables. El control y la vigilancia aérea se realizan con medios alternativos, pues el radar aún permanece en la base aérea de Latacunga.

Han pasado 19 meses desde que el radar ‘antinarcos’ que fue ubicado en el cerro de Montecristi, en Manabí, dejó de operar tras una explosión y aún no tiene explicación.

Tampoco han concluido las investigaciones de la Fiscalía para identificar y sentenciar a los responsables de lo sucedido.

PRIMICIAS pudo conocer que la Contraloría General del Estado también ha puesto atención en este caso.

Dentro del plan anual de 2023, está en ejecución el examen “al desmontaje, traslado, puesta en marcha, seguridad, proceso de aplicación de pólizas de seguro y recuperación del radar en el cerro Montecristi, en la Fuerza Aérea Ecuatoriana y entidades relacionadas”.

Otro de los procesos en curso, por ejemplo, es una denuncia por el delito de sabotaje en contra de 15 militares que reposa en la Unidad de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional de Montecristi, desde el 8 de noviembre de 2021.

Según consta en la página de la institución, la acción es impulsada por Jaime Antonio Puga Dávila, excomandante del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Puga es actualmente jefe del Estado Mayor General FAE.

Sin embargo, el 9 de diciembre de 2022, la Fiscalía General del Estado solo solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de 14 miembros de la Fuerza Aérea, por su presunta participación en el delito de sabotaje.

Los acusados integraron el equipo asignado a la seguridad y patrullaje del cerro Montecristi, el día en que el sistema de vigilancia fue destruido. Desde esa fecha, hubo cuatro intentos fallidos para que se instalara la audiencia.

Finalmente, la diligencia se realizó el 2 de junio de 2023, en la Unidad Judicial de Montecristi y el juez Leiver Quimís formuló cargos por sabotaje contra 13 de los 14 militares señalados.
Por el caso rige una instrucción fiscal de 90 días, etapa en la que los vinculados deben de presentarse cada 15 días ante el juez. Además, los militares tienen prohibido salir del país.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el sabotaje se castiga con penas de entre cinco y siete años de cárcel.

Pero la pena puede aumentar a hasta 10 años cuando se destruye la infraestructura de algún sector estratégico.

Walter Barrera, uno de los abogados de ocho de los acusados, asegura que lo que se busca es “chivos expiatorios, porque si realmente las cabezas no responden, ¿cómo puede responder la gente de tropa?”.

Barrera cuestionó que durante el proceso se ha hablado de sabotaje, terrorismo e incluso “estaríamos hablando de autoatentado, es decir, que la misma FAE destruye su radar”.

Agregó que si el caso sigue en la Fiscalía “es un asunto de carácter doloso, no culposo, porque caso contrario sería una falta disciplinaria”. Además, cree que el caso no llegará a su etapa final, porque “no hay prueba alguna”.

Además, en noviembre de 2022, se confirmó que 16 oficiales y nueve aerotécnicos fueron sancionados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

A ellos se los identificó como los responsables de las anomalías en el traslado e instalación del radar en el cerro.