LA FISCALÍA RESPONDE A LA CALIFICACIÓN DEL JUICIO POLÍTICO CONTRA SALAZAR

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionó este 7 de diciembre de 2023 y calificó el pedido de juicio político del correísmo contra la fiscal Diana Salazar, con cinco votos a favor y uno en contra, de Construye.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), a través de un comunicado, defendió que él y los delegados del correísmo y de la bancada oficialista dieran paso a esta solicitud.

Adujo que “la única responsabilidad del CAL se limita a verificar el cumplimiento de requisitos de forma de las solicitudes de juicio político, y luego de ello, remitir el expediente a la Comisión de Fiscalización”.

En declaraciones a la prensa, Kronfle mencionó que la asambleísta ponente, Gissela Garzón, subsanó las pruebas para el proceso. Sin embargo, dijo que no está de acuerdo con el juicio político presentado contra la fiscal Salazar.

En la misma sesión fueron revisadas y aprobadas las solicitudes de juicios políticos contra los exministros de Energía, Fernando Santos, y del Interior, Juan Zapata.

Estas solicitudes deberán sumarse a la lista de seis procesos pendientes en la Comisión de Fiscalización, ahora en manos de la legisladora correísta Pamela Aguirre.

Es decir, de acuerdo al orden de prelación, el pedido de la Revolución Ciudadana quedará relegado al noveno lugar, para apenas iniciar su proceso dentro de la Comisión, tras lo cual podría pasar finalmente al pleno del Legislativo.

Sin embargo, la intención del correísmo de destituir a la fiscal Sazalar ha sido rechazada por las otras bancadas de mayor tamaño: el Partido Social Cristiano, el movimiento Construye y el oficialismo.

Además, la Fiscalía respondió con críticas a la decisión del Consejo y advirtió que el informe de la Unidad de Técnica Legislativa advertía que la solicitud no cumplía con los requisitos constitucionales.

Y, utilizando el mismo insumo, la entidad afirmó que la votación del CAL demuestra la “flagrante trasgresión al principio de independencia de funciones”. Y reiteró que la petición carece de argumentos fácticos y jurídicos.