ALCALDE DE PUJILÍ JOSÉ ARROYO EMITE RESOLUCIÓN MUNICIPAL PESE A ESTAR DETENIDO POR PRESUNTO PECULADO

Para sorpresa de todos, la tarde del viernes 24 de octubre el alcalde del cantón Pujilí, José Arroyo Cabrera, ha generado una nueva controversia política y jurídica en el cabildo.

Quien ha emitido desde su reclusorio ha emitió mediante firma física y no digital como en documentos anteriores la Resolución Municipal No. 398-2025, fechada el 24 de octubre de 2025.

El documento que contiene siete fojas, declara nulas todas las actuaciones derivadas de una auto convocatoria a sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada el mismo 24 de octubre, así como la Resolución Administrativa No. 001-RA-A-GADMICP-2025, suscrita por el concejal Raúl Arroyo Zambrano, a quien un grupo de ediles intentó designar como vicealcalde sin una elección formal del cuerpo colegiado.

El documento cita además una medida cautelar emitida el 23 de octubre por el juez Edwin Germán Palma Herrera, que dispone la suspensión de los efectos jurídicos de los actos administrativos relacionados con dicho nombramiento irregular y las resoluciones del Concejo del 3 de octubre.

En su contenido, el alcalde Arroyo ordena el cese inmediato de servidores contratados sin competencia legal, la restitución de funcionarios cesados y el inicio de procesos sancionatorios contra quienes acataron disposiciones emitidas por funcionarios sin autoridad legítima. También restituye en funciones a Jérelly Selene Chacón Riofrío como líder de Talento Humano del GAD de Pujilí, delegándole amplias atribuciones de administración de personal.

No obstante, la emisión de esta resolución desde un centro de reclusión plantea serias dudas sobre su legalidad y validez, pues la legislación ecuatoriana —según el COOTAD y la Constitución— establece que las autoridades solo pueden ejercer sus atribuciones mientras estén en funciones y con plena capacidad legal.

La situación ha profundizado la crisis institucional que atraviesa el municipio, donde las pugnas entre el alcalde detenido y un sector del Concejo mantienen paralizadas varias gestiones administrativas, mientras la ciudadanía observa con preocupación el deterioro de la gobernabilidad local.