GISELLA MOLINA RESPONDE A LOURDES TIBÁN Y DEFIENDE LEGALIDAD DEL COMITÉ DE USUARIOS DE VIALIDAD RURAL.(VIDEO)

Ante el pronunciamiento público de la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, respecto a una posible impugnación a los miembros del denominado Comité de Usuarios del Servicio Público de Vialidad Rural que provee el GAD de la Provincia de Cotopaxi, se generó una reacción inmediata por parte de la coordinadora provincial del organismo, Gisella Molina, durante la presentación oficial del comité y de sus integrantes.

Molina sostuvo que la prefecta “está en su derecho de decir cualquier cosa, aunque esté al margen de la ley”, y señaló que dichas declaraciones responderían a una preocupación personal, al referirse a un altercado ocurrido en la urbanización Tahuantinsuyo, en el cantón Pujilí. Según indicó, en ese hecho —que habría implicado una agresión en su contra— estaría involucrado el cuñado de la Prefecta que debería ir a prisión, donde también se encontraba maquinaria de la Prefectura de Cotopaxi.

La coordinadora provincial manifestó que su información personal es de carácter público y aseguró no tener inconvenientes con procesos judiciales, por lo que invitó a la ciudadanía cotopaxense y a las juntas parroquiales a informarse directamente sobre el accionar de las autoridades, en especial de la Prefectura.

En cuanto a posibles vinculaciones políticas, Molina afirmó no pertenecer a ningún partido y señaló que esta información puede ser verificada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Cotopaxi.

Respecto a la mecánica de trabajo del Comité de Usuarios, explicó que los pedidos de información a las instituciones competentes se receptarán y deberán ser respondidos en un plazo de hasta 10 días hábiles; de no existir respuesta, el proceso sería resuelto por la vía judicial.

Finalmente, aunque agradeció la intención de la Prefectura de facilitar vehículos para recorridos de observación vial, Molina rechazó el uso de recursos públicos bajo esas condiciones. “No estamos en la posibilidad de hacer uso de los recursos públicos a ese nivel; la Contraloría debe vigilar estas acciones. Los bienes públicos no se manejan como si fueran de uso personal, se requiere salvoconducto y procedimientos claros”, enfatizó.

Molina concluyó señalando que, si así lo decide la ciudadanía de Cotopaxi, el Comité de Usuarios continuará con procesos de fiscalización a las instituciones vinculadas a la Prefectura, asegurando que su accionar no responde a intereses personales, sino al control social y la transparencia en la gestión pública.