ALIANZA JAMBATO DENUNCIA QUE ANGAMARCA SE CONVIERTE EN FOCO DE VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES DE LA NATURALEZA EN COTOPAXI

La Alianza Jambato lanzó una alerta urgente a nivel nacional e internacional tras denunciar una escalada de violencia, amenazas y graves vulneraciones de derechos humanos contra sus miembros, en el contexto de la defensa del hábitat del jambato en la parroquia Angamarca.

El caso más crítico involucra a William Millingalli, miembro fundador de la organización, quien junto a su esposa Laura y su hermano Javier fue privado de su libertad el pasado 28 de abril de 2026 en circunstancias calificadas como arbitrarias y violentas. Según la denuncia, la detención se produjo sin orden judicial ni flagrancia, bajo acusaciones infundadas de robo de ganado, y con la presunta participación de agentes policiales que posteriormente los habrían entregado a dirigentes comunitarios.

La organización advierte que este hecho configura una grave violación al debido proceso y evidencia una posible responsabilidad estatal por acción u omisión. Desde entonces, las víctimas habrían sido sometidas a incomunicación, retención ilegal, despojo de pertenencias y presuntos tratos crueles, incluyendo amenazas directas de muerte. Como consecuencia de la violencia, Laura Millingalli fue trasladada de emergencia para atención médica, mientras que William y Javier continúan retenidos en condiciones de alto riesgo.

La Alianza Jambato sostiene que estos hechos responden a un proceso de criminalización de la defensa ambiental, intensificado por conflictos derivados de proyectos viales en la zona, donde Millingalli ha sido señalado falsamente de obstaculizar el desarrollo.

Pese a las alertas emitidas al sistema ECU 911, la organización denuncia la falta de intervención efectiva por parte de las autoridades, lo que agrava la situación y pone en entredicho el rol del Estado en la protección de los ciudadanos.

Ante este escenario, se ha interpuesto una acción de hábeas corpus y se solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la organización exige acciones inmediatas: la liberación de los retenidos, garantías para su integridad, una investigación independiente y sanciones para los responsables.

La Alianza Jambato advierte que lo ocurrido no solo constituye una grave vulneración de derechos humanos, sino también de los derechos de la naturaleza, e hizo un llamado urgente a las autoridades, organismos internacionales y medios de comunicación a actuar con rapidez.

“Cada minuto cuenta. El silencio es complicidad”, concluye el pronunciamiento.