CASO BLINDADO: JUEZA RECHAZA PRISIÓN PREVENTIVA PEDIDA POR ALARCÓN, PERO SE RETIENEN USD 385.000 Y TRES EMPRESAS SON INTERVENIDAS

La jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, rechazó este 2 de septiembre de 2026 los pedidos de prisión preventiva solicitados por el fiscal general del Estado encargado, el doctor Leonardo Alarcón, contra tres procesados en el Caso Blindado —en el cual están vinculados cinco jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, un exjuez de Atacames y un empleado privado, por presunto lavado de activos—. Alarcón anunció de inmediato que apelará por escrito la decisión.

Alarcón anuncia apelación: la Fiscalía no acepta la resolución

Frente a la negativa de la jueza Camacho, el doctor Alarcón fue contundente: la Fiscalía ejercerá los recursos legales que le asisten para impugnar la resolución. La apelación se presentará por escrito ante la instancia correspondiente. La Fiscalía no renuncia a la medida cautelar solicitada para los tres procesados respecto de quienes se pidió prisión preventiva: Iván S., Carlos A. y Simón M., jueces vinculados al proceso.

Esta reacción inmediata refleja la posición de la Fiscalía bajo la conducción de Alarcón: cada resolución que no responda a los elementos de convicción presentados será impugnada por las vías legales disponibles. Así lo ha hecho la institución en los casos Triple A, Goleada y Sinohydro, procesos en los que la perseverancia de la Fiscalía culminó en sentencias condenatorias.

Un dato relevante: la jueza Camacho participa en el concurso para fiscal general del Estado

La jueza nacional Daniela Camacho es una de las participantes en el concurso convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la designación del fiscal general del Estado titular, cargo que actualmente ejerce de forma encargada el doctor Leonardo Alarcón, quien también concursa.

Lo que sí logró la Fiscalía: medidas patrimoniales acogidas por la jueza

Retención e inmovilización de cuentas por un total de USD 385.000 y prohibición de enajenar bienes para todos los procesados.

Intervención de las tres personas jurídicas vinculadas por parte de la Superintendencia de Compañías, acogiendo el pedido de la Fiscalía.

Estas medidas patrimoniales son instrumentos clave para preservar los activos vinculados a la investigación y evitar su ocultamiento o transferencia durante el proceso. La intervención de la Superintendencia de Compañías sobre las personas jurídicas garantiza que estas no puedan seguir operando con normalidad mientras se sustancia el caso.

El Caso Blindado: jueces que habrían blindado a un alcalde investigado

El Caso Blindado investiga un presunto esquema de lavado de activos —con delitos precedentes de cohecho y prevaricato— iniciado en noviembre de 2025 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la UAFE. El principal investigado es el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, quien permanece detenido con prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi desde hace casi tres meses.

La investigación alcanzó a los jueces vinculados por su presunta participación en decisiones jurisdiccionales que habrían favorecido al alcalde frente a las investigaciones en su contra. El presunto lavado de activos investigado alcanzaría aproximadamente USD 9 millones, incluido el retiro de USD 980.000 en efectivo movilizados presuntamente a través de vehículos blindados origen del nombre del caso.