FISCALÍA CONCLUYE PRUEBAS CONTRA 17 PROCESADOS Y CUATRO CONTRATOS BAJO INVESTIGACIÓN EN “CASO ORNATO MUNICIPAL”

Fiscalía investiga una presunta estructura integrada por funcionarios municipales y contratistas. Las obras habrían sido ejecutadas en 2023, antes de que se adjudicaran los contratos en 2024.

El denominado caso HORNATO, relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pujilí, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, que analiza cuatro contratos financiados con recursos municipales.

Según la tesis fiscal, una presunta estructura conformada por funcionarios del Municipio de Pujilí y varios contratistas habría intervenido en la adjudicación y justificación irregular de estos contratos, relacionados con la construcción de dos óvalos, la adquisición de variedades de plantas, la elaboración de esculturas de patos silvestres y la compra de palmeras.

Uno de los principales elementos de la investigación apunta a que las obras y la siembra de plantas y palmeras se habrían realizado durante 2023, es decir, antes de que los contratos fueran adjudicados y suscritos en 2024. Para su ejecución, presuntamente se habrían utilizado materiales y personal del propio Municipio.

Los informes técnicos incorporados al proceso identificaron varias inconsistencias, en el ámbito financiero se habrían detectado pagos cuyo hecho generador no estaría justificado, así como desembolsos del contratista relacionados con un supuesto donante de palmeras y una funcionaria municipal.

Por su parte, el análisis de contratación pública examinó los cuatro contratos y sus fechas de ejecución; mientras que los informes de agronomía establecieron diferencias superiores a los 70.000 dólares en el conteo de plantas y palmeras correspondientes a dos contratos.

A estos elementos se suman los resultados de las pericias de criminalística, que analizaron conversaciones extraídas de teléfonos celulares incautados, según la Fiscalía, estos chats contendrían información que permitiría corroborar que las obras ya se encontraban ejecutadas antes de la suscripción de los respectivos contratos.

Dentro del balance de la carga probatoria, la Fiscalía ha incorporado 22 testimonios, 8 peritajes y 329 documentos, elementos que serán valorados por el Tribunal competente para determinar las responsabilidades que pudieran existir.

El proceso constituye un nuevo foco de atención sobre el manejo de los recursos públicos en el cantón Pujilí, debido a los presuntos desfases entre la ejecución de las obras, la contratación y los pagos realizados con fondos municipales.

Sin embargo, será el Tribunal quien valore integralmente las pruebas presentadas por las partes y determine si existieron responsabilidades penales. Mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia para las personas procesadas.

El caso HORNATO pone bajo escrutinio cuatro contratos de obra pública y plantea interrogantes sobre la planificación, los procedimientos de contratación y el control de los recursos públicos en el Municipio de Pujilí.