FISCALÍA Y FBI SELLAN ALIANZA HISTÓRICA PARA COMBATIR EL CRIMEN TRANSNACIONAL Y EL TERRORISMO EN ECUADOR

El fiscal general del Estado encargado, doctor Leonardo Alarcón, encabezó la firma del primer Memorando de Entendimiento entre la Fiscalía General del Estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. En la ceremonia, que se realizó en el edificio del Ministerio Público, participaron el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Lawrence Petroni; el director regional del FBI, Allen Pack; los agregados policiales del FBI Jon Isakson, Carlos Landin y Carlos Urrutia; y miembros de las delegaciones de la Embajada y de la Fiscalía.

“La verdad no se improvisa: se construye con evidencias sólidas, capacidad analítica y un compromiso inflexible con la ley.”  — Leonardo Alarcón, fiscal general del Estado encargado

Los instrumentos, según la Embajada de Estados Unidos: el memorando es el primero entre ambas instituciones y les da un marco formal para compartir información, coordinar operaciones, fortalecer capacidades y llevar a cabo investigaciones paralelas, con el fin de que los casos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y financiamiento del terrorismo avancen con mayor agilidad. El encargado de Negocios Petroni sostuvo que el acuerdo “amplía nuestra capacidad conjunta” para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo.

El propósito y los límites, según el fiscal general encargado: el doctor Alarcón lo definió como “una alianza de trabajo metodológico y aprendizaje mutuo” y como “una firme declaración de intención y cooperación recíproca”, pensada para impulsar la preparación de los equipos humanos de la Fiscalía frente al crimen organizado transnacional, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción pública.

En su concepto habitual, las investigaciones paralelas son las que cada país conduce bajo su propia legislación, de manera coordinada. En el caso de Ecuador, la Constitución asigna a la Fiscalía la dirección de la investigación penal, y es en ese marco donde el fiscal inscribió el acuerdo.

El doctor Alarcón fijó el marco de toda la cooperación: “el pleno respeto a nuestra soberanía, a la Constitución de la República del Ecuador y a las garantías fundamentales de los Derechos Humanos”. Y explicó su sentido institucional:

“Colaborar con organismos internacionales significa fortalecer nuestras propias capacidades institucionales para servir mejor a la ciudadanía.”  — Leonardo Alarcón

Es un marco pertinente en un debate público ya abierto: cuando el Ministerio del Interior firmó su memorando con el FBI en marzo, expertos consultados por Ecuador Chequea señalaron la necesidad de normas claras y de límites verificables para este tipo de acuerdos. La condición que el fiscal fijó, soberanía, Constitución y garantías de los derechos humanos, responde precisamente a esa exigencia.

Varios de los procesos que hoy conduce la Fiscalía tienen ramificaciones fuera del país:

Comandos de la Frontera: sentencia de primera instancia por un lavado de activos de USD 397,8 millones, con un cabecilla capturado en Emiratos Árabes Unidos.

Magnicidio FV: siete procesados llamados a juicio el 5 de noviembre, con difusiones rojas, extradiciones y procesados ubicados en Estados Unidos y España. La Jornada recordó que el FBI ya había colaborado en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio.

Blanqueo Fito: la esposa e hija de alias Fito fueron detenidas en Colombia el 27 de septiembre, en un operativo conjunto entre autoridades colombianas, ecuatorianas y el FBI.

CasosTriple A, Goleada y Laberinto: investigaciones de lavado de activos sobre estructuras empresariales y rutas de dinero que exigen análisis financiero especializado.

El doctor Alarcón, en su agradecimiento a la Embajada de Estados Unidos y al FBI en esta cooperación conjunta, destacó que “la técnica, la integridad y el trabajo metódico son el camino más seguro hacia una sociedad justa y en paz”. Es la línea que ha sostenido en cada proceso: un fiscal de carrera, con 19 años en la institución, que entiende la investigación penal como un oficio de método y no de improvisación, y que ha llevado a sentencia de primera instancia los casos Sinohydro, Triple A, Comandos de la Frontera y Pruebas Covid-19. Rigor técnico, integridad y respeto a la Constitución.