USD 340.664 EN PERJUICIO FISCALÍA PIDE CONDENA POR PECULADO CASO ORNATO MUNICIPAL DE PUJILÍ
La Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal una sentencia condenatoria contra los 17 procesados por el denominado caso Ornato Municipal, que involucra al alcalde de Pujilí, José A., funcionarios municipales y contratistas. La acusación sostiene que cuatro contratos financiados con recursos públicos habrían sido adjudicados y justificados irregularmente, ocasionando un perjuicio económico de USD 340.664 al Estado.
El caso Ornato Municipal de Pujilí entra en una etapa decisiva. Durante su alegato de clausura, la Fiscalía General del Estado pidió al Tribunal que emita un fallo condenatorio contra los 17 procesados por el presunto delito de peculado, tras sostener que las pruebas presentadas demostrarían una actuación coordinada para perjudicar los recursos públicos.
Según la acusación fiscal, los hechos involucrarían a una estructura integrada por funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pujilí, en Cotopaxi, y contratistas que habrían intervenido en la adjudicación y justificación irregular de cuatro contratos financiados con fondos públicos.
La Fiscalía identificó cuatro intervenciones que forman parte de la investigación:
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Construcción de dos óvalos.
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Elaboración de esculturas de patos silvestres.
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Adquisición de palmeras.
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Adquisición de plantas ornamentales.
Estas contrataciones representarían, según la tesis fiscal, un perjuicio económico de USD 340.664 para el Estado ecuatoriano.
La solicitud de sentencia condenatoria comprende a los 17 procesados, con diferentes grados de participación:
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Para el alcalde de Pujilí, José A., y otros 12 procesados, Fiscalía solicitó condena como autores directos.
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Para los cuatro contratistas, pidió sentencia como cómplices.
La acusación también contempla las circunstancias agravantes previstas en el artículo 47, numerales 5 y 19, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionadas con la participación concertada de dos o más personas y el aprovechamiento de la condición de servidor público para cometer el delito.
Además de las condenas solicitadas, la Fiscalía pidió que se apliquen las penas previstas para el delito de peculado, contemplado en el artículo 278 del COIP, así como una multa y la reparación integral correspondiente.
Ahora la decisión está en manos del Tribunal, que deberá valorar las pruebas y los argumentos presentados por Fiscalía y las defensas de los procesados antes de emitir su resolución.
El caso mantiene la atención pública en Pujilí y Cotopaxi, pues involucra a la máxima autoridad municipal y a funcionarios y contratistas en una investigación relacionada con el manejo de recursos públicos.
IMPORTANTE: LA FISCALÍA HA SOLICITADO UNA SENTENCIA CONDENATORIA, PERO ESTO NO SIGNIFICA QUE YA EXISTA UNA CONDENA. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PROCESADOS DEBERÁ SER DETERMINADA POR EL TRIBUNAL.
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