DIRIGENTE APAWKI CASTRO EMITE PRONUCIAMIENTO Y FUSTIGA A GOBERNADOR, POLICÍA, GOBIERNO Y PRENSA

Ante los acontecimientos que son de dominio público sobre la intervensión de la Policía Nacional en la sede de la organización de Segundo Grado Jatarishun en Saquisilí con la recuperación de dos vehículos y los pronunciamientos tanto del Comandante de Policía y Gobernador de Cotopaxi, Apawki Castro en su calidad de dirigente de Pachakutik y MICC, hizo un pronunciamiento, cuestionando a las autoridades en mención, medios de comunicación y Gobierno Nacional, con un documento que de manera textual señala:

“Al Gobernador de Cotopaxi, Nelson Sánchez, y a ciertos medios de comunicación de la provincia:

Ante los hechos ocurridos la madrugada del martes 17 de junio de 2025, relacionados con el allanamiento a la sede de la organización Jatarishun – Saquisilí  por el supuesto hallazgo de vehículos reportados como robado, me permito hacer un enérgico llamado a la sensatez, responsabilidad y rigor informativo tanto a la autoridad gubernamental como a ciertos medios de comunicación de la provincia.

Exhortamos a que, antes de emitir declaraciones o difundir información, se verifiquen los hechos con todas las partes involucradas, especialmente con los representantes de la organización. Esto no es un simple pedido: es una exigencia ética fundamental del periodismo y de la función pública. Se llama contraste de fuentes, y evita la generación de versiones sesgadas y parcializadas que desinforman a la ciudadanía.

Lo que ha circulado en algunos medios —basado únicamente en la versión del gobernador— no refleja fielmente lo sucedido, y parece responder más a una intención de deslegitimar el papel de la organización Jatarishun, ignorando su trayectoria y su accionar en defensa de la seguridad comunitaria ante la creciente ola de delincuencia.

Según testimonios de representantes de la propia organización, fue el ciudadano Mario Sandoval quien se acercó voluntariamente a la sede de Jatarishun para solicitar ayuda en la localización de su vehículo que le había sido robado, ante la notoria ineficiencia de la Policía Nacional en Saquisilí y la provincia en general.

Gracias al esfuerzo colectivo, en un trabajo en minga articulado por dirigentes, comunidades y barrios afiliados a la organización, lograron ubicar el vehículo del ciudadano denunciante, y además, se identificó otro vehículo robado en esas instalaciones, mismos que fueron trasladados a los patios de la sede con la finalidad de entregarlos a sus propietarios, evidenciando la capacidad de respuesta y organización de Jatarishun frente a la inseguridad.

En lugar de reconocer este esfuerzo, las declaraciones del gobernador —replicadas sin contraste por algunos medios— se titubea que se estaría aplicando la reciente “Ley de Solidaridad” aprobada por la Asamblea Nacional, insinuando que el accionar organizativo constituye una amenaza.

Esto abre la puerta a interpretaciones peligrosas: ¿se busca acaso criminalizar a las organizaciones comunitarias por suplir con eficiencia las falencias del Estado? ¿Se está construyendo deliberadamente un “enemigo interno” para desacreditar futuras acciones de resistencia social frente a políticas impopulares?

¿Cuál es el verdadero objetivo de generar este tipo de narrativas, incluso contradiciendo la versión del propio denunciante? La pregunta es legítima y urgente.

La organización Jatarishun ha sido históricamente un actor clave en la defensa de la justicia, la seguridad y los derechos colectivos en Saquisilí, en Cotopaxi y a nivel nacional. Su accionar ha estado enmarcado en la aplicación rigurosa, transparente y Al Gobernador de Cotopaxi, Nelson Sánchez, y a ciertos medios de comunicación de la provincia:

Ante los hechos ocurridos la madrugada del martes 17 de junio de 2025, relacionados con el allanamiento a la sede de la organización Jatarishun – Saquisilí  por el supuesto hallazgo de vehículos reportados como robado, me permito hacer un enérgico llamado a la sensatez, responsabilidad y rigor informativo tanto a la autoridad gubernamental como a ciertos medios de comunicación de la provincia.

Exhortamos a que, antes de emitir declaraciones o difundir información, se verifiquen los hechos con todas las partes involucradas, especialmente con los representantes de la organización. Esto no es un simple pedido: es una exigencia ética fundamental del periodismo y de la función pública. Se llama contraste de fuentes, y evita la generación de versiones sesgadas y parcializadas que desinforman a la ciudadanía.

Lo que ha circulado en algunos medios —basado únicamente en la versión del gobernador— no refleja fielmente lo sucedido, y parece responder más a una intención de deslegitimar el papel de la organización Jatarishun, ignorando su trayectoria y su accionar en defensa de la seguridad comunitaria ante la creciente ola de delincuencia.

Según testimonios de representantes de la propia organización, fue el ciudadano Mario Sandoval quien se acercó voluntariamente a la sede de Jatarishun para solicitar ayuda en la localización de su vehículo que le había sido robado, ante la notoria ineficiencia de la Policía Nacional en Saquisilí y la provincia en general. Gracias al esfuerzo colectivo, en un trabajo en minga articulado por dirigentes, comunidades y barrios afiliados a la organización, lograron ubicar el vehículo del ciudadano denunciante, y además, se identificó otro vehículo robado en esas instalaciones, mismos que fueron trasladados a los patios de la sede con la finalidad de entregarlos a sus propietarios, evidenciando la capacidad de respuesta y organización de Jatarishun frente a la inseguridad.

En lugar de reconocer este esfuerzo, las declaraciones del gobernador —replicadas sin contraste por algunos medios— se titubea que se estaría aplicando la reciente “Ley de Solidaridad” aprobada por la Asamblea Nacional, insinuando que el accionar organizativo constituye una amenaza. Esto abre la puerta a interpretaciones peligrosas: ¿se busca acaso criminalizar a las organizaciones comunitarias por suplir con eficiencia las falencias del Estado? ¿Se está construyendo deliberadamente un “enemigo interno” para desacreditar futuras acciones de resistencia social frente a políticas impopulares?

¿Cuál es el verdadero objetivo de generar este tipo de narrativas, incluso contradiciendo la versión del propio denunciante? La pregunta es legítima y urgente.

La organización Jatarishun ha sido históricamente un actor clave en la defensa de la justicia, la seguridad y los derechos colectivos en Saquisilí, en Cotopaxi y a nivel nacional. Su accionar ha estado enmarcado en la aplicación rigurosa, transparente y legítima de la justicia indígena, en estricto respeto al debido proceso y los derechos humanos. Criminalizar esta labor no solo es injusto, sino profundamente peligroso para la democracia y la convivencia comunitaria.

A continuación, compartimos una captura de pantalla con las declaraciones del propio ciudadano denunciante, que contradicen la versión oficial difundida hasta ahora para la democracia y la convivencia comunitaria.

A continuación, compartimos una captura de pantalla con las declaraciones del propio ciudadano denunciante, que contradicen la versión oficial difundida hasta ahora.”