EL EXPRESIDENTE PERUANO PEDRO CASTILLO ES CONDENADO A 11 AÑOS DE CÁRCEL POR CONSPIRACIÓN

La Corte Suprema de Perú dictó una sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel para Castillo, tras hallarlo culpable del delito de conspiración para una rebelión por el intento fallido de golpe de Estado en 2022. Su ex primera ministra Betssy Chávez, hoy asilada en la embajada de México en Lima, recibió la misma condena. Otros dos exfuncionarios también fueron sancionados con penas de cárcel.

De ser el maestro rural que sorprendió con su triunfo en las elecciones presidenciales de 2021 a recibir una condena de cárcel por un fallido autogolpe. La Corte Suprema peruana consideró a Pedro Castillo “coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión” y lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días, una sentencia menor a la que pedía la Fiscalía.

El Ministerio Público había reclamado 34 años de prisión para Castillo si se lo sentenciaba por rebelión y de 19 años si era culpable de conspiración. Los jueces del máximo tribunal consideraron que el delito de rebelión no aplicaba porque el expresidente nunca llegó a concretar su intento de golpe de Estado y atenuó la condena por conspiración al tener en cuenta que no tiene antecedentes.

De esta manera, el exmandatario de 56 años continuará en el centro penitenciario de Barbadillo, junto a otros tres antiguos jefes de Estado con condenas firmes, en los tres casos por corrupción: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, sentenciado ayer a 14 años de cárcel por el delito de cohecho durante su mandato como gobernador de Maquegua.

En ese penal construido especialmente en el este de Lima para albergar a exgobernadores procesados penalmente, Castillo ya estaba cumpliendo prisión preventiva desde el mismo día del infructuoso autogolpe, el 7 de diciembre de 2022. Como lleva casi tres años recluido, su salida de la cárcel está prevista para el 21 de mayo de 2034.

Además, la sala absolvió al exmandatario de los cargos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero lo inhabilitó por dos años para ejercer cargos públicos y le impuso el pago de una indemnización de 12 millones de soles (unos 3,5 millones de dólares) junto con los otros tres condenados en la causa.