FISCALÍA PIDE PENA MÁXIMA PARA DOS EXVOCALES EN CASO VOCALES TRIBUNAL DE LA CORTE NACIONAL ENTRA A DELIBERAR

Este martes, los conjueces de la Corte Nacional de Justicia que integran el Tribunal del Caso Vocales se retiraron a deliberar si declaran culpables del delito de tráfico de influencias a los exvocales del Consejo de la Judicatura Juan José M. y Maribel B. y al exjuez de Pichincha Vladimir J.. Antes, el Tribunal escuchó durante seis jornadas a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría General del Estado —acusadora particular— y a las tres defensas. La acusación fue sostenida personalmente por el fiscal general encargado, doctor Leonardo Alarcón, desde el alegato de apertura hasta el alegato de cierre.

El caso se abrió el 15 de junio de 2022 y los procesados fueron llamados a juicio en septiembre de 2023. La audiencia de juzgamiento no pudo instalarse en cuatro ocasiones por problemas en la integración del Tribunal y por la salud de una de las acusadas. En su quinta convocatoria, el juicio se instaló el 19 de octubre de 2026 y tras la presentación de testigos, peritos, pruebas documentales, suspensión del juicio por varios días, intervención de la Procuraduría y defensas, el 10 de noviembre de 2026 el Tribunal se retiró a deliberar.

Responsabilidad penal: Juan José M. y Maribel B. como coautores, y Vladimir J. como cómplice, del delito de tráfico de influencias (artículo 285 del COIP), sancionado con tres a cinco años de prisión.

Pena para los coautores: la pena máxima de cinco años, aumentada en un tercio por la agravante del artículo 47, numeral 5, del COIP: la participación concertada de dos o más personas. Según El Universo y El Diario, de acogerse el pedido, la condena equivaldría a seis años y ocho meses de prisión.

Pena para el cómplice: un tercio de la mitad de la pena que corresponda a los coautores.

Multa y derechos: una multa de diez a doce salarios básicos unificados y la pérdida de los derechos de participación por diez años, una vez cumplida la pena.

Medidas de satisfacción y no repetición: disculpas públicas de los acusados y una placa en el Consejo de la Judicatura que reafirme la independencia judicial y el rechazo a la corrupción.

Según la acusación, en junio de 2022 en Quito los entonces vocales del Consejo de la Judicatura se habrían reunido con el entonces presidente de la Corte Provincial de Pichincha y con dos jueces, uno de ellos el procesado Vladimir J., para solicitar apoyo a una resolución favorable en la acción de protección que había planteado la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para evitar su destitución. Una jueza presente en la reunión grabó el diálogo y entregó el audio al entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia.

En esa grabación se escucharía a Juan José M. afirmar que el entonces presidente de la República le había pedido apoyar el caso. Esa mención forma parte de la prueba; el juicio no tiene como acusado al entonces presidente de la República.

Testimonio anticipado y grabación: el primer testimonio fue el de la jueza que grabó la reunión; su testimonio anticipado de 2023 se reprodujo por cerca de dos horas.

Elementos de convicción acumulados desde 2022, entre ellos los 44 que expuso en su momento la entonces fiscal general del Estado y que formaron parte de la exposición del doctor Alarcón.

Acusación sin jerarquías: los tres procesados son o fueron operadores del sistema de justicia. La Fiscalía sostiene una línea coherente con la de otros procesos, como el Caso Blindado, en el que también investiga a jueces en ejercicio.

Mientras el caso acumulaba aplazamientos por razones ajenas a la acusación, la Fiscalía sostuvo en estrado su acusación sin delegarla, desde que el juicio se instaló. Es la misma conducción que asumió personalmente la audiencia de vinculación del Caso Blindado ante la Corte Nacional y que ha llevado a sentencia de primera instancia los casos Sinohydro, Triple A, Comandos de la Frontera y Pruebas Covid-19. Un fiscal de carrera, con 19 años en la institución, que lleva los casos hasta el estrado y los sostiene hasta el final.

El Tribunal decidirá si declara culpables o no a los tres procesados; en caso de condena, fijará la pena y las medidas de reparación que corresponda. Los tres cumplen medidas alternativas a la prisión preventiva. Una de las acusadas tiene, además, una sentencia de primera instancia en otro proceso, el caso Independencia Judicial, cuya apelación sigue pendiente; ese caso no incide en la valoración de este juicio. La Fiscalía acusa y presenta pruebas; los jueces valoran y resuelven.